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Paralizaciones de obras por parte de la Delegación de Cultura en Granada

En estos días asistimos por parte de la Delegación de Cultura de Granada a otra 
paralización (en el Jardín Histórico del salón) de una obra emprendida por el 
Ayuntamiento de Granada. Sin lugar a dudas no se trata de ninguna noticia positiva, 
ya que inevitablemente esta paralización nos remite a conflicto entre administraciones.
 
No obstante considero muy errónea, injusta y peligrosa la interpretación que 
por parte de las medios de comunicación se hace de esta paralización, ya que 
la idea que se traslada a la ciudadanía es que la administración cultural lo único 
que pretende es la defensa de unos interés propios o corporativistas (si no políticos) 
frente a la tenaz y limpia búsqueda del interés general por parte del ayuntamiento.
 
Es que nadie va a decir, ni desde la administración de cultura, que cuando se paraliza 
una obra lo que sucede es que o bien se ha descubierto un objeto histórico (por lo 
que entonces se va a enriquecer nuestro patrimonio histórico, nuestro conocimiento y 
memoria histórica, nuestra propia identidad colectiva...) o bien que el responsable de 
la obra ha actuado de manera inadecuada y contraria a lo establecido en la ley. ¿Es 
que cuando se paraliza una obra en Marbella seguimos pensando todavía que el 
culpable es quien paraliza y no quien comete la ilegalidad? ¿Por qué somos tan 
permisivos con la destrucción de nuestro Patrimonio Histórico? ¿Por qué no reprochamos 
socialmente al ayuntamiento o al propietario que sea que el bien sobre el que actúa es 
de interés general y que merece consideración y respeto? ¿Por qué cuando hablamos de 
Patrimonio Histórico sólo pensamos en negativo, en controles, en limitaciones, en prohibiciones? 
¿Por qué no pensamos que es un beneficio incalculable para todos?
 
Está claro que  en materia de Patrimonio Histórico hay que cambiar muchas tendencias y 
la primera institución que tiene que hacerlo es la administración de Cultura, transmitiendo 
con fuerza y sin complejos a todos los ciudadanos que su actuación es la de la defensa del 
interés general y no del particular de un propietario o corporación política.
 
Pepe Castillo. Director OPHE

Controversia en la fiesta de moros y cristianos

 Arrecia la polémica sobre la fiesta de moros y cristianos y las posiciones cada vez son más encontradas entre los defensores de la integridad de las tradiciones y los que propugnan una actualización de las mismas que eviten, por ejemplo, las acciones que puedan resultar degrandantes para los musulmanes.

 Yo soy de los que piensan que no es admisible que desde las administraciones públicas se apoye y fomente actividades, representaciones o cualquier otra iniciativa que sea contraria a los principios democráticos, a los derechos fundamentales de las personas, a los derechos de los animales. No es admisible, como en el caso de la tamborrada de Hondarribia, que las mujeres, por poner un ejemplo, queden marginadas y denigradas por una tradición. Lo mismo se podría decir de las fiestas de moros y cristianos.

 ¿Qué hay que hacer? Entre otras cosas no apoyar de forma tan abrumadora y desmedida el patrimonio etnológico, las tradiciones populares o el patrimonio intangible, ya que no todo este patrimonio es válido en su activación, en su representación en el presente, pues no sólo son ritos frívolos y festivos, sino también bienes portadores de significados, por lo que si se trasladan al presente como parte del mismo, pueden resultar muy ofensivos y peligrosos.

 Por eso, reivindico desde aquí una premisa que debería respetarse siempre en Patrimonio Histórico: la distinción entre pasado y presente. El Patrimonio debería ser pasado y como tal protegerse desde la objetividad de la historia, sin valoraciones ni juicios desde el presente. Para ello es necesario que este patrimonio, cosa que no sucede siempre con el etnológico, siga siendo pasado, lo cual no significa que no pueda conocerse, usarse o disfrutarse.

Que queremos que sea presente, que sea un refrente social para las sociedades actuales, pues entonces deberemos adaptarlas a las condiciones del presente y a las exigencias irrenunciables de una sociedad democrática. Lo mismo se podría decir de las tradiciones religiosas en una sociedad laica como la nuestra, pero esta es otra cuestión que ya tendremos ocasión de comentar.

 Pepe Castillo. Director OPHE

 

¿A QUIÉN COMPETE EL FLAMENCO?

 

En estos días, la interminable polémica política sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía emprendida por Zapatero en esta legislatura ha tenido como punto álgido la discusión sobre las competencias exclusivas que la Proposición de la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, actualmente en fase de tramitación en el Parlamento, establece para el flamenco (art. 67).

 

¿Tiene muchas consecuencias este precepto? ¿Resulta atentatorio contra las competencias que puedan tener otras administraciones autonómicas o estatales? ¿Afecta esto en el algo al carácter universal del flamenco?

 

Tal y como se ha respondido desde el gobierno andaluz a las críticas vertidas desde otras Comunidades Autónomas, especialmente Extremadura, podríamos concluir que esta asunción de competencias exclusivas apenas tiene consecuencias más allá de Andalucía, ya que obviamente el gobierno andaluz tiene competencias sobre el territorio de su Comunidad y lo mismo que las competencias exclusivas sobre cultura que reclama el nuevo Estatuto no afectan a las que pueda tener sobre la cultura de su territorio otra Comunidad Autónoma tampoco deberían afectar las referidas al flamenco.

 

Esto es evidentemente así, pero lo es si consideramos al flamenco como un ámbito de la cultura entendida como actividad creativa, productiva y social contemporánea equiparable al cine, el teatro o la edición (incluso en este caso no hubiera estado de más que la Proposición de Reforma recogiera, como el vigente Estatuto, la referencia al artículo 149.2 de la Constitución Española, donde se establece que el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial).

 

La cosa cambia si, como también es obvio y muy importante, consideramos al flamenco y sus múltiples dimensiones como parte integrante del Patrimonio Cultural de Andalucía (recordemos la declaración como BIC de “la voz” de la Niña de los Peines). En este caso, arrogarse competencias exclusivas sí que puede plantear problemas, ya que como se recoge en el propio artículo 67 – que es donde aparecen las referencias al flamenco- cuando se habla de las competencias exclusivas sobre Patrimonio Histórico se hace con la salvedad de las reconocidas en la Constitución para el Estado, fundamentalmente expolio y expropiación.

 

¿Por qué no se hace lo mismo cuando se habla del flamenco?

 

Lo que subyace en todo esto, al margen del interés político por fortalecer la “realidad nacional” andaluza a través de las señas de identidad más distintivas y propias, es la confusión que produce unificar de forma simplista cultura contemporánea y Patrimonio Histórico.

 

Todos sabemos que el Patrimonio Histórico forma parte de la cultura, pero no toda la cultura forma parte del Patrimonio Histórico. Esta distinción un tanto academicista debemos asumirla como un principio elemental sino queremos que el Patrimonio sucumba bajo los presupuestos legales, administrativos y operativos de un ámbito como la cultura que no es exactamente igual al patrimonial. Ya tenemos aquí un ejemplo de esta confusión.

 

Por poner otro efecto de esta confusión conceptual: Los parámetros economicistas que actualmente se están empleando en muchos casos en el Patrimonio Histórico son consecuencia de la aplicación de los mecanismos que rigen las “industrias culturales”. Éstas son muy importantes, hay que potenciarlas, pero para el tipo de productos o actividades que forman parte de estas industrias, no para el Patrimonio Histórico de forma indiscriminada y sin mediación crítica que valga.

 

Al margen de esta cuestión, hay que reconocer que esta propuesta del nuevo Estatuto de Andalucía ha tenido la virtud de poner de manifiesto una serie de cuestiones muy interesantes que iremos abordando en otros comentarios. Por adelantar alguna: significa el reconocimiento de un patrimonio intangible, en la línea recomendada por UNESCO, el cual además actúa de poderoso elemento de construcción y fortalecimiento de la identidad andaluza. En cierta manera podría actuar de sustitutivo de lo que otras nacionalidades tienen como elemento distintivo fundamental, la lengua, es decir, un tipo de patrimonio inmaterial.

UN MIRÓ EN EL CUARTO DE BAÑO.

Como la mayoría de españoles, vivo estos días estupefacto e indignado por los desmanes urbanísticos de Marbella y otras localidades de la Costa española. Éste también es un asunto patrimonial pues la destrucción del patrimonio urbano y paisajístico que se está produciendo es inorme e inaceptable.

Pero aún así lo que mas indignación me ha producido ha sido ese impactante titular mediático "Un Miró en el cuarto de baño", con el que muchos periódicos se hacían eco de los bienes que poseía el cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca, y principal imputado en el caso Malaya.

Lo que me ha indignado no ha sido la cantidad de obras de arte que había atesorado con sus prácticas presuntamente ilícitas, sino la normalidad con la que se ha aceptado socialmente que un Miró pueda estar en un cuarto de baño. ¿¡Cómo no han protestado todos los conservadores del mundo por lo que son unas condiciones de conservación inaceptables de la obra de un pintor tan insigne! ¿¡Cómo es posible que se produzca una enorme protesta social por goteras en un museo y aceptemos que un Miró esté en un cuarto de Baño?! ¿Por qué? ¿Porque es privado?

Está claro que en España existe un enorme vacío en la protección de los bienes muebles privados. ¿Es que no son o pueden ser bienes de interés cultural? ¿Es que la propiedad privada está por encima del interés general? Sin lugar a dudas esta situación resulta indigante y muy esclarecedora de una situación preocupante: en los bienes muebles culturales privados hace tiempo que predonima la libertad individual sobre la el derecho colectivo a la cultura.

Creo recordar que el dueño de los Girasoles de Van Gogh ( o alguien semejante) dijo un día que el cuadro, por el que había pagado una cantidad casi irreal, moriría cuando él muriera. Si eso sucede algún día lo que habrá muerto es el propio concepto de Patrimonio Histórico. Como se puede ver, comparte filosofía con Juan Antonio Roca.

Pepe Castillo

 

LAS FAROLAS DE LA GRAN VÍA DE GRANADA Y LA EVALUACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

En estos días asistimos en Granada al inicio de uno de los muchos debates estéticos o patrimoniales que tras cierto tiempo se generan en la ciudad a raíz de alguna iniciativa sobre el Patrimonio Histórico más o menos polémica. En este caso concreto se trata de la reforma de la Gran Vía, una de las arterias urbanas más importantes de la ciudad y sometidas desde algún tiempo a un proyecto de reordenación urbana que pretende, sobre todo, modificar la imagen y uso del espacio público de dicha calle. Entre las modificaciones incorporadas destacan unas farolas cuyo diseño pretende reienterpretar la tradición granadina desde la estética actual. Para evaluar el impacto que esta innovación estética podía generar en los ciudadanos, el Ayuntamiento ha optado por situar provisionalmente algunas farolas y esperar la respuesta ciudadana. Ésta ha llegado fundamentalmente a través de unas pintadas muy ilustrativas en las que se proclama: "la Gran Vía clásica".

 ¿Ha actuado correctamente el Ayuntamiento con esta especie de globo sonda para observar la respuesta ciudadana? ¿Debe hacer caso a esa respuesta? ¿Cómo se mide esa respuesta ciudadana?, ¿por las pintadas?, ¿debemos, en ese caso, todos los ciudadanos con opinión definida hacer pintadas exponiendo nuestra postura?, ¿por los artículos de opinión que los ciudadanos más activos, más influyentes o a veces simplemente más ociosos escriben en los periódicos? ¿Debe la estética evaluarse socialmente? ¿Debe el ayuntamiento imponer su criterio, es decir, el de los arquitectos ganadores del concurso?

Como puede verse se tratan de preguntas mil veces hechas en el ámbito de la estética  urbana, aunque escasamente planteadas en el ámbito propiamente patrimonial. De lo que estamos hablando es de la evaluación del interés público, del interés general que fundamenta cualquier acción de tutela, que sustenta la propia existencia del Patrimonio Histórico. No debemos, por tanto, tener miedo a las consultas populares, a la evaluación popular, a la intervención social amplia y fundada, alejada de la demagogia y oportunismo político que suele presidir esas llamadas a la opinión pública.

Ahora me acuerdo del injusto linchamiento público de la Directora del Patronato de la Alhambra cuando pidió tener en cuenta la opinión pública para decidir qué hacer con el leon restaurado, si colocarlo en el museo o devolverlo a su lugar original. -mis alumnos en un curso de doctorado hicieron una encuesta sobre esta cuestión y la respuesta más sorprendente es que la mayoría de los consultados creían que los leones actuales son una copia- ¿Por qué no vamos a consultar a la sociedad cuando de lo que se trata es de la actuación sobre bienes que se protegen porque existe un reconocimiento social de los mismos? El problema no es esta participación sino las fórmulas para encauzar esa participación

¿Por qué la protesta airada, sobre todo, de una asociación de mujeres a través de un medio de comunicación puede acabar paralizando una obra ahora premiada como la de Antonio Jiménez Torrecillas en la Cerca de D. Gonzalo? ¿Es legítimo? ¿es representativo del interés general?

Está claro que hay que trabajar por buscar fórmulas que permitan encauzar la participación social, la cual, para este Observatorio, resulta fundamental, porque en ella se funda el Patrimonio Histório como derecho fundamental.

Pepe Castillo

ILUSIÓN POR UN PROYECTO APASIONANTE

Doy inicio y presento, con estas palabras, una aventura apasionante en la que muchos profesores y alumnos del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada hemos puesto mucha ilusión.

 

Ilusión porque creemos que el Patrimonio Histórico es un derecho fundamental de todos los ciudadanos al que no vamos a renunciar y que, además, vamos a reivindicar constantemente.

 

Ilusión porque estamos convencidos de que el Patrimonio Histórico es una salida profesional real y legítima para los Historiadores del Arte (y para muchas otras disciplinas) que es necesario regular y clarificar para evitar el inadmisible intrusismo laboral (y desconsideración profesional) que ahora sufrimos.

 

Ilusión porque queremos poner en marcha un proyecto donde los ciudadanos tengan, tengamos, mucho que decir y aportar, haciendo de la Universidad un ámbito científico en contacto con la realidad.

 

Ilusión porque queremos saber qué hacen todas las Comunidades Autónomas con un Patrimonio que legítimamente les compete, pero que también pertenece a todos los españoles y, en definitiva, a toda la humanidad.

 

Ilusión porque queremos valorar, opinar y enjuiciar todos aquellos proyectos patrimoniales importantes que se hagan en España con la única limitación del rigor científico de esta disciplina de la Protección.

 

Ilusión, en definitiva, que depositamos en un proyecto que esperamos sea compartido y apoyado por el mayor número de personas.

 

Quería comenzar este blog patrimonial, que pretende ser una herramienta ágil, inmediata y sincera de comunicar -por parte de la persona que lo escriba- nuestras inquietudes, opiniones y emociones sobre el Patrimonio Histórico con un comentario contundente sobre la Baronesa Thyssen, el hotel del Algarrobico y el Patrimonio Histórico y la inexistencia en este campo de iniciativas sobre concienciación que superen las ineficaces y comunes políticas de divulgación, pero como era mi primera comunicación con la red, quería manifestar mi verdadero estado de ánimo y el de mis compañeros sobre este proyecto….LA ILUSIÓN

 

Pepe Castillo. Director del OPHE