Paralizaciones de obras por parte de la Delegación de Cultura en Granada

En estos días asistimos por parte de la Delegación de Cultura de Granada a otra 
paralización (en el Jardín Histórico del salón) de una obra emprendida por el 
Ayuntamiento de Granada. Sin lugar a dudas no se trata de ninguna noticia positiva, 
ya que inevitablemente esta paralización nos remite a conflicto entre administraciones.
 
No obstante considero muy errónea, injusta y peligrosa la interpretación que 
por parte de las medios de comunicación se hace de esta paralización, ya que 
la idea que se traslada a la ciudadanía es que la administración cultural lo único 
que pretende es la defensa de unos interés propios o corporativistas (si no políticos) 
frente a la tenaz y limpia búsqueda del interés general por parte del ayuntamiento.
 
Es que nadie va a decir, ni desde la administración de cultura, que cuando se paraliza 
una obra lo que sucede es que o bien se ha descubierto un objeto histórico (por lo 
que entonces se va a enriquecer nuestro patrimonio histórico, nuestro conocimiento y 
memoria histórica, nuestra propia identidad colectiva...) o bien que el responsable de 
la obra ha actuado de manera inadecuada y contraria a lo establecido en la ley. ¿Es 
que cuando se paraliza una obra en Marbella seguimos pensando todavía que el 
culpable es quien paraliza y no quien comete la ilegalidad? ¿Por qué somos tan 
permisivos con la destrucción de nuestro Patrimonio Histórico? ¿Por qué no reprochamos 
socialmente al ayuntamiento o al propietario que sea que el bien sobre el que actúa es 
de interés general y que merece consideración y respeto? ¿Por qué cuando hablamos de 
Patrimonio Histórico sólo pensamos en negativo, en controles, en limitaciones, en prohibiciones? 
¿Por qué no pensamos que es un beneficio incalculable para todos?
 
Está claro que  en materia de Patrimonio Histórico hay que cambiar muchas tendencias y 
la primera institución que tiene que hacerlo es la administración de Cultura, transmitiendo 
con fuerza y sin complejos a todos los ciudadanos que su actuación es la de la defensa del 
interés general y no del particular de un propietario o corporación política.
 
Pepe Castillo. Director OPHE